Estado aconfesional y libertad religiosa

Ignacio Sánchez Cámara
Ignacio Sánchez Cámara

Tras los intensos y acalorados debates que han surgido en torno a los eventos de la JMJ y la visita a Madrid del Papa, Benedicto XVI, de la semana pasada, al final la curiosidad me ha llevado a buscar el artículo 16 de la Constitución española. Artículo al que muchos han aludido en sus protestas para recordar la aconfesionalidad del Estado. Ya, en mi anterior artículo Las religiones no serán destruidas por sus detractores, indiqué que la perspectiva que a mi siempre me ha interesado sobre este debate es la sociológica. No obstante, para analizar si las protestas que se han desarrollado con el lema “de mis impuestos, al Papa 0” son razonables –o no-, es necesario también, claro está, la perspectiva del derecho constitucional. Vaya por delante que este artículo no trata de hacer ningún tipo de juicio sobre si la doctrina de la Iglesia Católica es pertinente en nuestra sociedad; se trata más bien de saber si es lícito el apoyo del Estado a los eventos religiosos organizados en estos últimos días.

El artículo 16 de la Constitución española se enmarca en la Sección I: de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y su texto íntegro es el siguiente:

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Queda claro en el punto 3 que el Estado se declara aconfesional. Sin embargo, la última frase no está exenta de ciertas ambigüedades: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». En lo que se refiere a cooperación, la Constitución no especifica cómo debe ser ésta; con lo cual, se genera una laguna donde caben multitud de matices. A simple vista, no parece que el apoyo que ha recibido del Estado la JMJ y la visita del Papa sea injustificable; pero es evidente que la Constitución, en este apartado, deja un vacío legal de no saber qué alcance debe tener la colaboración del Estado en este sentido. Parece, pues, que no vamos a encontrar muchas repuestas en el texto constitucional a nuestras dudas sobre cuáles deben ser los deberes de un estado aconfesional.

Decidí buscar en la red sobre estado aconfesional y libertad religiosa. No tardé mucho en encontrarme con una entrevista realizada en 2006 a Ignacio Sánchez Cámara (catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Coruña). Una entrevista que ha despejado algunas de mis dudas sobre este debate y que recomiendo leerla (Dejo el enlace al final del artículo).

En España muchas veces se confunde y se piensa que la Constitución establece un modelo laicista, pero el catedrático Ignacio nos da algunas claves para distinguir entre aconfesionalidad y laicismo. La aconfesionalidad implica que el Estado no asume como propia ninguna confesión religiosa, pero esto no quiere decir que sea adversa a la religión. Por el contrario, el laicismo, supone una actitud del Estado de prescindir de las religiones y un mayor énfasis para que éstas queden excluidas del espacio público. Medidas como la prohibición de exhibición pública de símbolos religiosos en escuelas, hospitales, etc. son propias de un Estado laicista. Ignacio sostiene que el Estado aconfesional garantiza mejor la libertad religiosa, pues hace al Estado más neutral respecto de las diferentes confesiones; pero esto no significa el fomento de una vida ‘arreligiosa’, siendo esto último más propio de un Estado laicista.

Se ha presentado en muchas ocasiones al cristianismo en contraposición a la democracia. Según Ignacio, se trata de un prejuicio que parte de un error: la idea de que el ciudadano, en una democracia, tiene que ser ajeno a cualquier tipo de creencia moral previa, y de que los valores surgen sólo del debate político y democrático. La democracia no es un procedimiento para determinar lo que está bien o mal en el plano moral. Las comparticiones en el espacio público se pueden hacer desde múltiples convicciones, obedezcan a una autoridad moral o religiosa, o sólo a la propia conciencia. En este sentido, es una discriminación poner bajo sospecha al creyente.

Otro tópico común es creer que la democracia y los derechos humanos que se han conquistado han sido posibles a costa de ir contra la religión como consecuencia del proceso de secularización. La secularización ha sido un fenómeno en gran medida cristiano.

Respecto a la postergación de las creencias religiosas al ámbito privado, Ignacio afirma su carácter negativo. La exclusión de las religiones del ámbito público es incompatible con el principio de la neutralidad del Estado. Cuando se intenta excluir del ámbito público a la religión, se está exigiendo a los creyentes un sacrificio de sus convicciones que no se requiere a los no creyentes. El ciudadano creyente tiene derecho a llevar a la vida pública sus convicciones, proponerlas, defenderlas y vivir conforme a ellas. No tiene por qué dejarlas en casa cuando acude a la vida pública o a la política. Caso contrario es que, en el debate democrático, no resulta un argumento válido apelar a la autoridad de la fe.

En definitiva, cuantos no creyentes –incluso creyentes de otras confesiones no católicas- quieran, están en su derecho de reclamar que de sus impuestos no vaya nada a la Iglesia y a los eventos que organiza, así como también está en su legítimo derecho que un ciudadano vegetariano reclame que le reduzcan la parte impositiva porque en las fiestas de su localidad el Ayuntamiento ofrece caldereta de cordero a sus vecinos. Hay que recordar que en España hay muchos ciudadanos cristiano-católicos que votan, y que parte de sus impuestos se destinan a otras coberturas con las que pueden no estar de acuerdo. Por tanto, el debate debe encauzarse desde la perspectiva de la tolerancia. De lo contrario, no se llegará a ningún sitio, seguiremos en nuestras trincheras en una batalla improductiva.

Enlace de la entrevista a Ignacio Sánchez Cámara: http://bit.ly/oMr3Co

Rubén Crespo

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